Del bloque
democrático al bloque progresista
En 1984 la
transición a la democracia fue impulsada por un heterogéneo bloque opositor a
la dictadura donde convergieron partidos políticos, sindicatos y movimientos
sociales. Entre estos movimientos sociales se encontraban los de más
importancia en aquel momento, esto es, la flamante central obrera PIT-CNT que
articulaba la tradición de los años sesenta con la nueva generación de
sindicalistas, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Viviendas de Ayuda
Mutua (FUCVAM) fundada en 1970, y los movimientos de derechos humanos entre los
que se encontraba el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) fundado en 1981. Junto
a ellos, compartieron el espacio público otros actores sociales de reciente
creación, como los que se movilizaron tras la demanda de solución a la crisis
de vivienda, a través de tomas de tierra y el establecimiento de asentamientos
irregulares. En esta primera fase, los movimientos sociales se unificaron en
torno al reclamo de verdad y justicia sobre el tema de los desaparecidos. Esto
implicó un rechazo a la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado
promulgada en diciembre de 1986 durante el primer gobierno de Julio María
Sanguinetti (1985-1990), 290 Interseções [Rio de Janeiro] v. 12 n. 2, p.
283-300, dez. 2010 – MOREIRA, Movimientos populares y luchas ... que
significaba suspender definitivamente toda posibilidad de juzgar a los
culpables de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Los
movimientos sociales impulsaron la derogación de la Ley de Caducidad, pero el
triunfo de la opción oficialista en el plebiscito de abril de 1989, sumado a
que los partidos políticos ya reorganizados volvieron a ocupar paulatinamente
el centro de la escena pública, marcó el inicio de una fase declinante en el
papel y el accionar de los mismos. En los años noventa, tanto FUCVAM como
SERPAJ y demás organizaciones de derechos humanos trataron sin éxito que los
sucesivos gobiernos de Lacalle (1990-1995), Sanguinetti (1995-2000) y Jorge
Batlle (2000-2005) cumplieran con el articulo 4° de la Ley de Caducidad que
preveía la investigación de los hechos de desaparición de personas. Al mismo
tiempo, enmarcaron su estrategia subordinándose a la del FA en su largo
trayecto hacia el poder. De esta manera, el bloque democrático opositor a la
dictadura, que integraban todos los partidos políticos y movimientos sociales,
con el gobierno de los partidos tradicionales Colorado y Blanco se transformó
en un bloque progresista opositor al neoliberalismo. A partir de la crisis del
año 2002, los movimientos sociales conocieron un nuevo auge, y con la llegada
al gobierno del Frente Amplio, esta revitalización se desarrolló en un
escenario de crisis de su alianza con la coalición de izquierda.
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